A lo largo de estos días, las diferentes expresiones públicas que pretenden justificar la medida de liquidar Luz y Fuerza del Centro van evidenciando – si todavía alguien creía de buena fe que no estamos ante una simulación jurídica de una agresión antisindical- las verdaderas razones del Decreto.
Dando un paso adelante en el análisis, dejando de lado los aspectos meramente jurídico-formales, conviene antes de entrar propiamente a la valoración desde la perspectiva de los Derechos Humanos el repasar algunas de las justificaciones que se han ofrecido a la medida gubernamental.
Como ha ocurrido cada vez más en este país, en que los titulares de los Poderes formales del Estado parecen más simples voceros de los factores reales de poder; la disputa pública no ha correspondido únicamente a los propios actores institucionales (el mismo Presidente, su Secretario de Gobernación y la Secretaria de Energía), sino principalmente a los voceros de las cámaras empresariales, a miembros de la clase política, a los “líderes” de opinión pública en los medios masivos de comunicación, y a un sector de la clase intelectual.
Lo primero que destaca del análisis de los argumentos del discurso justificador de la medida, es que se concentran en situaciones AJENAS al contenido de los “Considerandos” argumentados por el Presidente en el propio decreto. Esta situación, en sí misma, nos muestra que la motivación jurídica del Decreto no guarda correspondencia con la motivación REAL de la acción.
Lo segundo, es que los argumentos del discurso que nos muestra la motivación REAL se concentran mayoritariamente en la supuesta imputabildad del Sindicato, o de su dirigencia. Con lo que queda claro entonces que el conflicto real es de caracter sindical y no de finanzas públicas.
