El Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral

El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo público autónomo, encargado de la organización de las elecciones federales, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Fue creado mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Octubre de 1990. El Gobierno Mexicano, con la intención de garantizar la autonomía del órgano autónomo, creó un marco jurídico específico para su desarrollo. Esta legislación incluye un marco propio para la regulación de las relaciones de trabajo entre el IFE y sus trabajadores, los cuales son considerados empleados públicos.

La Constitución establece en su artículo 41, fracción V que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral. También dispone que “Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo publico”.

Además, el articulo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución establece para los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión que “La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozaran de los beneficios de la seguridad social”.

El Congreso de la Unión aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), mismo que dispone en su artículo 208 que:

1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedara sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado “b” del artículo 123 de la Constitución.

2. El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.

Finalmente, la Jurisprudencia Obligatoria del Poder Judicial de la Federación ha interpretado que los trabajadores a que se refiere la fracción XIV del artículo 123 Apartado B de la Constitución – es decir, los trabajadores de confianza- sólo tienen derecho a su salario y a la seguridad social, pero no tienen el resto de los derechos fundamentales de los trabajadores; incluyendo el derecho a la libertad sindical.

De lo anterior se derivan las siguientes consecuencias:

a) La legislación mexicana no reconoce el derecho de libertad sindical a ningún trabajador estatal federal – empleado público- que sea designado como trabajador de confianza. Lo anterior en clara violación al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien establece excepciones respecto de algunos trabajadores –fuerzas armadas y policiales- las mismas no pueden válidamente extenderse a todos los trabajadores de un organismo público. E incluso en contradicción con la propia Ley Federal del Trabajo en el caso de los trabajadores de confianza del sector privado, a quienes sí reconoce el derecho de sindicalización.

b) La legislación mexicana determina de manera arbitraria el que todos los trabajadores del IFE – así sean trabajadores administrativos e incluso de intendencia- sean considerados como trabajadores de confianza. Lo anterior por la simple designación, y sin tomar en cuenta la naturaleza de las labores desempeñadas. Siendo que los trabajadores de confianza son aquellos que realizan algún tipo de representación del patrón ante otros trabajadores (como reconoce la propia Ley Federal del Trabajo), es absurdo que todos los trabajadores del IFE pertenezcan a la categoría de trabajadores de confianza. Lo que resulta, por la forma en que está prohibida la sindicalización de los trabajadores de confianza cuando se trata de empleados públicos, en una simulación jurídica con la intención de impedir la sindicalización en el IFE.

c) Como consecuencia, la legislación mexicana, tal como se encuentra aprobada actualmente, es un impedimento jurídico a la constitución de organizaciones sindicales en el Instituto Federal Electoral.

A pesar de estas disposiciones, y amparándose en que las normas internacionales tienen una mayor jerarquía que las leyes secundarias y la jurisprudencia, el 21 de mayo de 2006 los trabajadores del Instituto Federal Electoral decidieron ejercer su Derecho Humano a constituir un sindicato. Y en el desarrollo del largo proceso jurídico para el reconocimiento gubernamental a su organización, se ha venido evidenciado la actitud antisindical del Estado Mexicano.

Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumenta su negativa a otorgar el registro sindical al Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral afirmando que “Tampoco en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en el Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Federal Electoral se prevé, se insiste, como derecho de los trabajadores del instituto el formar sindicatos.”

Ante el argumento de los trabajadores que se hace valer en el Juicio de Amparo, en el sentido de que el Derecho a la Libertad Sindical es un Derecho Fundamental que tiene jerarquía superior al COFIPE y al Estatuto del Servicio Profesional del Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestra la clara finalidad antisindical de la legislación al señalar que “En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son sus principios rectores… de tal manera que no puede existir un sindicato “de hecho” dentro del Tribunal Electoral de la Federación y menos aún “de derecho”.

Uno podría afirmar que la Corte ignora los múltiples estudios e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que la estrategia que ha resultado más efectiva para la modernización de las relaciones laborales es precisamente la que se basa en la negociación colectiva auténtica. Pero ¿qué puede esperarse de unos ministros que ni siquiera supieron distinguir que el Sindicato que pedía su registro no pertenecía a trabajadores al servicio del Tribunal Electoral de la Federación, sino al Instituto Federal Electoral?

Lo que es grave es que la Corte considere que la simple existencia de un sindicato es negativa en sí misma, que es un peligro para la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad o la objetividad del Instituto Federal Electoral. Es una aberrante manifestación de cultura antisindical, expresada por la máxima instancia a la que pueden acudir los ciudadanos en México para tutelar sus derechos fundamentales.

Movida por tal actitud antisindical, la Suprema Corte decidió ignorar el hecho de que la libertad sindical es un Derecho Humano, reconocido no sólo en los principales tratados de Derechos Humanos a nivel regional y mundial, sino integrante de los Derechos Fundamentales tutelados por la Organización Internacional del Trabajo.

Por éso, por que la Libertad Sindical no es una concesión, un capricho, y mucho menos un peligro sino un Derecho Fundamental; y porque tanto el Poder Legislativo al redactar la Ley como el Poder Judicial al interpretarla han hecho gala de un absoluto desprecio por la dignidad y derechos de los trabajadores en México es que el día de ayer hemos acudido con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral a denunciar al Estado Mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo.

Es una verdadera lástima lo que vemos en nuestro país. Los casos de Pasta de Conchos (presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 16 de febrero de 2010), del Sindicato Mexicano de Electricistas (presentado ante la Organización Internacional del Trabajo y ante los mecanismos de solución recontroversias del Acuerdo Laboral del Tratado de Libre Comercio de America del Norte), de Cananea (presentado ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), de las trabajadoras de Avón (de las que escribiré en la próxima entrada) y ahora el del Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral nos muestran con claridad que México es un Estado de notoria vocación antisindical.

Confiamos en que la creciente preocupación de la comunidad internacional contribuya a una modificación de la actuación gubernamental, en beneficio de los derechos inalienables de las personas en su calidad de trabajadoras.

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Valoración del CEREAL, desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, del Decretazo

INMORALIDAD DEL DECRETO CALDERÓN QUE PRETENDE EXTINGUIR LUZ y FUERZA DEL CENTRO

Cd de México, noviembre 13, 2009

“Creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad”, Utopía, Tomás Moro.

El sufrimiento y el dolor se han constituido, a través de la historia, en serios interlocutores del Evangelio. Y lo es así, porque al mismo Señor Jesús de Nazareth, le parecieron realidades humanas ante las cuales había que reaccionar con la misericordia entrañada de Dios Padre, con el anuncio del reinado de Dios que combate y quiere extirpar dichos males y con la necesaria, eficaz, reconfortante y consoladora solidaridad con las víctimas y sufrientes implicados.

Si algo ha provocado el decreto de extinción de Felipe Calderón del 11 de octubre, en los trabajadores y trabajadoras electricistas de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, es precisamente, sufrimiento y dolor, indignación y confusión. No sólo a los electricistas sino a sus familias. Es decir, niños y niñas, esposas y jubilados. Ha afectado a sus  comunidades, en sus vidas se ha instalado la incertidumbre y el penar, al cancelarse la remuneración salarial y la certeza del empleo, sobre todo, de los que estaban enfermos, con deudas o con algún otro tipo de predicamento. Como hay dolor de por medio, creemos que es válido preguntarse por la moralidad y el sentido ético de la medida gubernamental.

El CEREAL, es un organismo civil de inspiración cristiana, vinculado a la Compañía de Jesús en México, y le parece oportuno acudir al Magisterio de la Iglesia para intentar una apreciación ética sobre la decisión gubernamental y con ello, sacar de la misma experiencia reflexionada de Iglesia ante los conflictos sociales, criterios que abonen a la radical esperanza en la resolución de los mismos para que la justicia tome su sitio en nuestro país. Para ello, acudimos a tres definiciones vitales de la Doctrina Social que nos servirán de criterios.*1

1ª. Definición.

Para el Magisterio Social de la Iglesia, “La persona es la medida de la dignidad del trabajo” (271). Juan Pablo II lo enfatizó en vida: «En efecto, no hay duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona»*2. El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él (288). Para el Concilio Vaticano II, El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre*3: un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana (287). En efecto, el trabajo, «clave esencial»*4 de toda la cuestión social, condiciona el desarrollo no sólo económico, sino también cultural y moral, de las personas, de la familia, de la sociedad y de todo el género humano (269). De ahí que para el mismo Juan Pablo II: Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, «no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social»*5 (288). Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un derecho del que depende directamente la promoción de la justicia social y de la paz civil (292).

¿Qué es lo que tenemos?

Un bien social que ha dejado de estar disponible para 44 mil familias donde la centralidad de la persona humana y su dignidad a través del trabajo ha sido anulada por el Decreto Calderón. La medida, carece de este valor y legitimación ética en un país como el nuestro, donde el acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está vinculado a la existencia de un trabajo. No habiéndolo, se han puesto en riesgo otros Derechos como a la Seguridad Social, a la Alimentación, a la Salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.

Ahonda la inmoralidad de la medida 3 procedimientos en nada respetuosos de los trabajadores: 1) el uso de fuerza pública para la ocupación de las instalaciones de LyFC, sin mediar orden judicial, ni justificación legal ya que ocurre antes de la publicación del Decreto; 2) como ha quedado demostrado, la información presentada sobre la situación de Luz y Fuerza del Centro ha sido tendenciosa porque se ha querido presentar a los Electricistas del SME, como únicos responsables de la supuesta deficiente operación y baja calidad en el servicio, lo cual ofende la dignidad de los trabajadores y falta a la verdad; peor descrédito aún, si se han utilizado o se siguen utilizando recursos e instancias públicas para una campaña de desprestigio basada en esa ausencia de objetividad; 3) la decisión unilateral, ha violentado también Derechos Civiles y Políticos de los trabajadores, pues la campaña mediática contra el sindicato y su dirigencia, incluye acusaciones de corrupción y actos delictivos, sin que haya existido una sentencia condenatoria de un juez competente, lo que constituye una violación del Derecho a la Honra, y una notoria violación al principio de presunción de inocencia, que toda persona debe gozar. Finalmente, porque pone al SME ante el riesgo de criminalizar su protesta social.

2ª definición.

La doctrina social de la Iglesia insiste en la connotación moral de la economía. Pío XI, en un texto de la encíclica Quadragesimo anno, recuerda la relación entre la economía y la moral: «Aun cuando la economía y la disciplina moral, cada cual en su ámbito, tienen principios propios, a pesar de ello es erróneo que el orden económico y el moral estén tan distanciados y ajenos entre sí…” *6 (330).

La relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca: actividad económica y comportamiento moral se compenetran íntimamente. La necesaria distinción entre moral y economía no comporta una separación entre los dos ámbitos, sino al contrario, una reciprocidad importante. Así como en el ámbito moral se deben tener en cuenta las razones y las exigencias de la economía, la actuación en el campo económico debe estar abierta a las instancias morales: «También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» *7 (331).

¿Qué es lo que tenemos?

Una medida unilateral que divorcia la economía y la moral, pretendidamente justificada, más no sustentada ni fundada, sólo por criterios económicos, financieros o de ineficiencia operativa, ignorando la responsabilidad de quiénes han administrado la empresa y de las autoridades energéticas de la administración federal.

Ahondan la inmoralidad de la medida, 3 serios cuestionamientos de una importancia mayúscula: 1º) sobre la legalidad y constitucionalidad de la extinción, ya que existen diversas contradicciones con el marco jurídico nacional y con leyes secundarias y sobre cuyo resolución esperamos apego al derecho y a la justicia; 2º) la inexistencia manifiesta exista o conocida de una estrategia responsable de mejoramiento del sector eléctrico nacional; 3º.) y lo más grave aún, el daño familiar infligido, ya que el mismo Magisterio de la Iglesia reconoce que La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales *8 El «salario justo es el fruto legítimo del trabajo»*9 ; comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo; El trabajo es «el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre» *10 . El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos *11. Es necesario para ello que las empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan promotores de políticas laborales que no perjudiquen, sino favorezcan el núcleo familiar desde el punto de vista ocupacional.)

3ª definición.

Las organizaciones sindicales tienen el deber de influir en el poder público, en orden a sensibilizarlo debidamente sobre los problemas laborales y a comprometerlo a favorecer la realización de los derechos de los trabajadores *12 (307). Los sindicatos son propiamente los promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres del trabajo *13 (306), Las organizaciones sindicales, buscando su fin específico al servicio del bien común, son un factor constructivo de orden social y de solidaridad y, por ello, un elemento indispensable de la vida social *14 (305).

¿Qué es lo que tenemos?

Que la medida unilateral, ha sido agravada porque ha quedado demostrado que la información presentada sobre la situación de Luz y Fuerza del Centro ha sido tendenciosa. Se ha querido presentar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como únicos responsables de la supuesta deficiente operación y baja calidad en el servicio de Luz y Fuerza del Centro. La falta de objetividad en el análisis de la medida, ha vuelto al Decreto un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza no confesada, es la de una campaña antisindical. Además de ser considerada como inconstitucional e ilegal, la iniciativa del Ejecutivo federal, viola los Derechos Humanos Laborales colectivos de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En primer lugar, porque viola el derecho a la Estabilidad en el Empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se violan el resto de los Derechos Humano derivados del trabajo, como el Salario y el Derecho de Huelga. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical con la intención de eliminar un Contrato Colectivo de Trabajo, viola los Derechos de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva.

CONCLUSIÓN

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es muy claro al “Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa admitir que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural (400).

El Magisterio enseña que «la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral» *15 (570).

Así, estamos ante un hecho donde es moralmente cristiano resistir a la autoridad, pues su posicionamiento es contrario a los fundamentos morales que hemos expresado. Una decisión así no se puede acatar, ni obedecer, pues resultan evidentemente contrarias a nuestra fe y moral cristianas.

Antes bien, compartimos y exigimos el cumplimiento de las demandas del SME: “derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal preventiva de las instalaciones de LyFC y que se de continuidad a las mesas de trabajo ya instaladas que buscan la modernización de la empresa y el otorgamiento de un mejor servicio público de electricidad”.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

*1Todos los números que aparecen entre paréntesis, obedecen a la numeración del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, de reciente aparición

*2 Juan Pablo II, Carta enc.- Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 590. Nota 587 del Compendio

*3 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629: Id., Carta enc. Centesimus annus, 9: AAS 83 (1991) 804. Nota 587 del Compendio.

*4 Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 584. Nota 587 del Compendio

*5 Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 848; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2433. Nota 625 del Compendio.

*6 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602; Id., Exh. ap. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109. Nota 634 del Compendio.

*7 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966) 1084. Nota 692 del Compendio

*8 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625-629. Nota 659 del Compendio.

*9 Catecismo de la Iglesia Católica, 2434; cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: « El salario justo » es el título del capítulo 4 de la Parte II. Nota 660 del Compendio

*10 Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600. Nota 633 del Compendio

*11 Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600-602; Id., Exh. ap. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107-109. Nota 634 del Compendio

*12 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 68: AAS 58 (1966) 1090. Nota 671 del Compendio

*13 Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630. Nota 669 del Compendio.

*14 Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629. Nota 667 del Compendio

*15 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), 4: Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2002, p. 9. Nota 1191 del Compendio

NOTA: Texto elaborado por Carlos Rodríguez, sj

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Pronunciamiento de la Red TDTyT sobre Luz y Fuerza del Centro

¿ESTADO DE DERECHO O DERECHO MAFIOSO?*

10 de noviembre de 2009

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, integrada por 68 organizaciones, manifiesta lo siguiente en relación a la situación de los derechos humanos de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas, a raíz del decreto de extinción de la empresa pública emitida por el Gobierno de Felipe Calderón y de la ocupación de las instalaciones de la empresa por la Policía Federal.

La constitución de Luz y Fuerza del Centro fue ordenada, por el poder Legislativo, mediante la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y sólo entonces el Ejecutivo decretó sus bases de operación (DOF, 9 de febrero, 1994). De modo que su disolución debería seguir el mismo procedimiento realizado para su creación, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; primero modificarse la Ley por el legislativo y posteriormente emitirse un decreto con las bases para la liquidación.

El Decreto presidencial violenta el marco constitucional y de la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a la terminación colectiva de relaciones laborales; al pretender evitar el seguir los procedimientos correspondientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Ante la opinión pública se ha repetido que una de las causas de los problemas de la empresa son las exorbitantes cantidades destinadas a salarios de los trabajadores y las trabajadoras. En realidad los salarios y prestaciones sólo representan 13.5% de los egresos de la empresa (con el recibo de pago en la mano, los electricistas han comprobado pagos semanales de mil 464 pesos, mil 600, etc.) El SME afirma que cuando menos 20 mil trabajadores del total, ganan esa cantidad, que representa alrededor de 6 mil pesos al mes y el Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, reconoció que el salario promedio es de 220 pesos diarios; 6, 600 al mes.

Lo siguiente nos permiten considerar que el Decreto es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña antisindical. Primero por la indebida injerencia de la STPS en la vida interna del SME. Esta Secretaría se negó, indebidamente, a otorgar la toma de nota para 13 de los puestos del Comité Central del SME, y con ello, incurrió en una violación de la autonomía sindical; olvidando que de conformidad a los Criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, todo conflicto interno de los sindicatos deberá resolverse a través de órganos judiciales y no mediante órganos administrativos, como la Secretaría del Trabajo. Más aún, el Secretario del Trabajo afirmó que la consecuencia de la negativa de toma de nota es no considerar como dirigente al Secretario General, Martín Esparza; esto es una grave ingerencia, pues la Organización Internacional del Trabajo ha dejado muy en claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los sindicatos, sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes.

Segundo, funcionarios del Gobierno Federal han establecido que es inaceptable el reconocer la figura de la sustitución patronal, por la cual la empresa que preste el servicio de energía eléctrica en lugar de la extinta Luz y Fuerza del Centro debe asumir todas las obligaciones que ésta tenía con sus trabajadores y su sindicato. Y han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal es que entonces seguiría vigente tanto la representación sindical del SME como el Contrato Colectivo de Trabajo. De esta manera, queda claro que el objetivo real de la medida era precisamente la eliminación de la negociación colectiva con un sindicato autónomo como el SME.

No podemos pasar por alto la campaña de descrédito que el gobierno mantiene en contra del SME y de los derechos de los trabajadores, ni tampoco que la mayoría de los medios de comunicación han colocado toda la carga en los trabajadores y trabajadoras ignorando la responsabilidad de quiénes han administrado la empresa y de las autoridades encargadas de la política energética. Una parcialidad como la vivida es contraria a la objetividad y pluralidad indispensable para el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Con base en lo antes expresado, la Red TDT afirmar que:

• La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los Derechos Humanos de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En primer lugar, porque se viola su derecho a la Estabilidad en el Empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se violan el resto de los Derechos Humano derivados del trabajo, como el Salario y el Derecho de Huelga.

• Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical con la intención de eliminar un Contrato Colectivo de Trabajo, se han violado los Derechos de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva

• Finalmente, en un país como el nuestro en que el acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo se han puesto en riesgo los Derechos a la Seguridad Social, a la Alimentación, a la Salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.

• El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurre antes de que se publicara el Decreto de extinción de la Compañía) representa un grave precedente de la forma en que el Gobierno Federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de Seguridad.

• Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del Decreto‐ nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quiénes defienden los derechos de los trabajadores.

Es importante subrayar que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos sindicales, es un componente esencial de la Democracia.

Por tanto, la Red TDT exige:

a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de LyFC y se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal.

b) Que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos  Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.);  Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C.  (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C.  (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV) (Distrito Federal);  Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”  (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la  Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos,  “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos  Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos  Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de  Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)  (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALGuadalajara)  (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro  Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María  Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social  Alternativa, A.C. ‐ KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos  Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal); Comisión de Derechos  Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C.  (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de  Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito  Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos  Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo‐ México (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades  Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité  de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No  gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de  Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo,  A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente  Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
(Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto  Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.  C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ‐ Programa Institucional de Derechos  Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana‐Puebla (Puebla, Pue); Programa  Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (Chalco, estado de México); Respuesta  Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco,  A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ‐México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos  Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

*Para el término de derecho mafioso ver el documento: Campaña Nacional “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” de la Red TDT, México 2008, en: http://www.redtdt.org.mx

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NOTA: El documento de trabajo fue elaborado por Carlos Rodríguez y Rodrigo Olvera. La redacción y orden final fue elaborada por la Secretaría Técnica de la Red.

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ANTE EL DECRETO DE LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (2a parte)

A lo largo de estos días, las diferentes expresiones públicas que pretenden justificar la medida de liquidar Luz y Fuerza del Centro van evidenciando – si todavía alguien creía de buena fe que no estamos ante una simulación jurídica de una agresión antisindical- las verdaderas razones del Decreto.

Dando un paso adelante en el análisis, dejando de lado los aspectos meramente jurídico-formales, conviene antes de entrar propiamente a la valoración desde la perspectiva de los Derechos Humanos el repasar algunas de las justificaciones que se han ofrecido a la medida gubernamental.

Como ha ocurrido cada vez más en este país, en que los titulares de los Poderes formales del Estado parecen más simples voceros de los factores reales de poder; la disputa pública no ha correspondido únicamente a los propios actores institucionales (el mismo Presidente, su Secretario de Gobernación y la Secretaria de Energía), sino principalmente a los voceros de las cámaras empresariales, a miembros de la clase política, a los “líderes” de opinión pública en los medios masivos de comunicación, y a un sector de la clase intelectual.

Lo primero que destaca del análisis de los argumentos del discurso justificador de la medida, es que se concentran en situaciones AJENAS al contenido de los “Considerandos” argumentados por el Presidente en el propio decreto. Esta situación, en sí misma, nos muestra que la motivación jurídica del Decreto no guarda correspondencia con la motivación REAL de la acción.

Lo segundo, es que los argumentos del discurso que nos muestra la motivación REAL se concentran mayoritariamente en la supuesta imputabildad del Sindicato, o de su dirigencia. Con lo que queda claro entonces que el conflicto real es de caracter sindical y no de finanzas públicas.

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ANTE EL DECRETO DE LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (1a Parte)

1.- El Decreto de Calderón reconoce expresamente, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que la disolución de organismos descentralizados debe seguir el mismo procedimiento que se siguió para su creación.

2.- Ese mismo artículo establece que la creación de Organismos Descentralizados podrá realizarse por Decreto del Ejecutivo o por Ley emitida por el Legislativo.

3.- El mismo Decreto de Calderón reconoce que la creación del Organismo Descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro fue ordenado por el Legislativo, mediante la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y sólo en segundo lugar se expidió un Decreto del Ejecutivo para definir las bases de tal organismo.

4.- En tal consideración, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro debió seguir el mismo procedimiento: primero modificar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y sólo después emitir un Decreto en que se fijen las bases de liquidación.

5.- En consecuencia, jurídicamente el Decreto del Ejecutivo contradice abiertamente el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que excede las facultades reglamentarias del artículo 89 Constitucional.

6.- Simplemente por este error formal, el decreto es anulable.

7.- Además, la motivación y fundamentación de Calderón es deficiente.
Es posible demostrar – mediante estudios de análisis y evaluación de Políticas Públicas- que la supuesta “ineficiencia” de Luz y Fuerza del Centro es provocada intencionalmente por las políticas públicas ordenadas por las Secretarías de Hacienda y de Energía (así como se provocó intencionalmente la ineficiencia de Ferronales antes de venderlos a empresarios de Estados Unidos; la del Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la reforma que creó el negocio bancario de las Afores; la del ISSSTE, antes de la Reforma que creó el negocio privado de Elba Esther Godrillo con el PENSIONISSSTE; la de PEMEX, antes de la reforma petrolera para entregar los dictos y la refinación a empresas) y no de Luz y Fuerza del Centro. En todo caso, lo que correspondería sería remover a los Secretarios de Hacienda y de Energía.

8.- Además de esta razón, existe una causa de nulidad porque el acto está viciado de origen; en efecto, nos encontramos ante una simulación de acto jurídico que busca enmascarar una ofensiva antisindical violatoria de los Derechos Humanos a la Legalidad, Libertad Sindical, Negociación Colectiva, y Democracia. Basta con ver la coincidencia entre las fechas de las reuniones en que se decide la liquidación, conforme a los considerandos del Decreto, y las fechas del conflicto sindical provocado por Lozano Alarcón al inmiscuirse en la vida interna del sindicato.

9.- Esta acción de Calderón, en consecuencia, es el equivalente sindical al Golpe de Estado de Micheletti en Honduras. En ambos casos, se pretende darle un maquillaje de legalidad a lo que no es más que una burda acción contraria al Estado de Derecho y a la Democracia.

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